Al reflexionar sobre el prolongado conflicto interno colombiano, muchos tienden a pensar que el tráfico de narcóticos está en el núcleo del problema. Sin embargo, la razón más determinante es aún más profunda y arraigada en la historia colombiana: la propiedad de la tierra. Colombia, al igual que otros países de América Latina, ha funcionado en la práctica como un régimen feudal. Esta situación ha impedido su modernización económica debido a la gran concentración de riqueza en manos de unos pocos grupos poderosos. Estos grupos, aprovechando su influencia, han continuado acumulando más tierra y riqueza, perjudicando no solo a las comunidades campesinas, sino también al sector agroindustrial colombiano. A lo largo del tiempo, pocos presidentes han intentado realizar una reforma agraria, aunque el reciente gobierno progresista ya muestra señales de progreso.

En el discurso de posesión del congreso del pasado 20 de julio, el presidente Petro detalló que de 7 millones de hectáreas, en su gobierno, un millón ha sido titulada. De ese total, 750,000 fueron entregadas a indígenas, mientras que 175,000 han sido para la población campesina. “Al tener titulación, mejoran sus condiciones laborales y productivas”, señaló. Además, 7,945 hectáreas se destinaron a las comunidades negras. La reforma agraria puede ser el principal motor para que Colombia se industrialice y transite del feudalismo a una auténtica economía capitalista.

El Gobierno Petro tiene el objetivo de entregar 1.5 millones de hectáreas, lo que, con un promedio de 10 hectáreas por familia, beneficiaría a 150,000 familias y sacaría a 750,000 personas de la pobreza. Se han destinado 3 billones de pesos para la compra de tierras, y este esfuerzo se complementará con un plan de “créditos baratos” para convertir a Colombia en una potencia mundial agroalimentaria.

Las tierras del narcotráfico

Un elemento innovador en esta reforma agraria es que el estado posee una larga lista de terrenos confiscados al narcotráfico y a otras organizaciones criminales, actualmente bajo custodia de la SAE (Sociedad de Activos Especiales). Estas tierras, ahora propiedad nacional, están siendo distribuidas a familias campesinas por el gobierno Petro.

Hasta la fecha, se han entregado títulos a cientos de familias campesinas en diversos departamentos: 3,500 hectáreas en Sucre, 780 en la región del Salado, 526 en el sur de Bolívar, 1,000 en Zarzal (Valle del Cauca) y 590 en Córdoba. Aunque aún queda un largo camino para alcanzar la meta de 1.5 millones de hectáreas, estos avances son prometedores para una reforma que tomará varios años.

La primera cosecha

La semana pasada, en uno de estos terrenos entregados a la comunidad campesina de Sucre, se celebró la primera cosecha de arroz con un rendimiento de 320 toneladas procedentes de 64 hectáreas. Gilberto Pérez, representante legal de Fensuagro, declaró: “Es una realidad lo que el presidente ha propuesto. Hoy vemos cómo operan la SAE y la Agencia Nacional de Tierras y cómo nosotros, como organización campesina, guiamos a las familias para que cultiven alimentos en sus predios. Hoy podemos afirmar que Támesis y el predio El Paraíso son una realidad para los campesinos”.

En conclusión, aunque pueda parecer paradójico, Colombia está dando pasos que debió haber tomado a comienzos del siglo XX. Si se hubiera enfrentado a tiempo el problema de la alta concentración de tierras, el país no solo habría evitado un siglo de conflicto, sino que también habría establecido las condiciones necesarias para operar como una economía moderna. Es un claro mensaje para la industria y la región: la reactivación del potencial agrícola de un país con una biodiversidad y clima privilegiados para la agricultura exige inversiones significativas, pero también ofrece grandes oportunidades de negocio.